EE. UU.: Prácticas policiales fomentan epidemia de VIH entre trabajadores sexuales
La confiscación de preservativos para sustentar cargos de prostitución reduce su uso entre grupos de alto riesgo
(Washington, DC) – Los policías de Nueva York, Los Ángeles, Washington, DC y San Francisco están confiscando preservativos de trabajadores sexuales y mujeres transgénero, lo que menoscaba las campañas del Departamento de Salud para reducir el contagio del virus de la inmunodeficiencia humana (VIH), Human Rights Watch señaló en un informe publicado hoy.
El informe de 112 páginas, “Sex Workers at Risk: Condoms as Evidence of Prostitution in Four US Cities” (Trabajadores sexuales en riesgo: Los preservativos como prueba de prostitución en cuatro ciudades de Estados Unidos), documenta cómo, en cada una de estas ciudades, la policía y los fiscales usan los condones para sustentar cargos de prostitución. La práctica hace que los trabajadores sexuales y las mujeres transgénero tengan reticencia a llevar consigo preservativos por temor al arresto, provoca que practiquen el sexo sin protección y los expone al riesgo de contraer el VIH y otras enfermedades de transmisión sexual. El informe se publicó con vistas a la XIX Conferencia Internacional sobre el Sida, que se celebrará en Washington, DC a partir del 22 de julio de 2012. La respuesta estadounidense a la epidemia centrará la atención de los 20,000 delegados procedentes de todas partes del mundo. Las cuatro ciudades investigadas son algunas de las más afectadas en Estados Unidos, con más de 200,000 residentes con VIH.
“En cada ciudad, trabajadores sexuales nos preguntaron cuántos preservativos podían llevar legalmente”, dijo Megan McLemore, investigadora sénior sobre salud de Human Rights Watch. “En Los Ángeles, una mujer nos dijo que tenía miedo de llevar preservativos y a veces tenía que usar en su lugar una bolsa de plástico con clientes para intentar protegerse del VIH”.
Human Rights Watch entrevistó a más de 300 personas para el informe, entre ellas 200 trabajadores y ex trabajadores sexuales, así como trabajadores comunitarios, activistas, fiscales, abogados de oficio, policías y funcionarios del Departamento de Salud.
El informe incluye testimonios de trabajadores sexuales y mujeres transgénero que dijeron que la policía los hostiga, amenaza y detiene por llevar preservativos. En Nueva York, Los Ángeles y San Francisco, los fiscales introducen los condones como pruebas en los juicios, y piden a los tribunales que los consideren un indicio de actividad criminal. En el caso de los inmigrantes, el arresto por ejercer la prostitución puede conllevar la detención o la expulsión de Estados Unidos. Algunas mujeres dijeron a Human Rights Watch que seguían llevando preservativos a pesar de las posibles duras consecuencias, pero muchas no los llevaban.
Una trabajadora sexual de Washington, DC dijo: “La policía siempre pregunta: ‘¿por qué tienes tanto condones?’ Por eso nadie anda con muchos condones”.
Nueva York, Los Ángeles, Washington, DC y San Francisco han registrado altos niveles de VIH entre los trabajadores sexuales y las mujeres transgénero, y han otorgado una gran prioridad a la prevención del VIH entre estos grupos. El Gobierno de Estados Unidos aporta millones de dólares a cada una de estas ciudades para la prevención del VIH entre grupos de alto riesgo, como las trabajadoras sexuales y las mujeres transgénero. Sin embargo, las trabajadoras sexuales dijeron a Human Rights Watch que rechazaron ofrecimientos de preservativos de trabajadores comunitarios.
“En estas ciudades se entregaron 50 millones de preservativos el año pasado”, dijo McLemore. “Sin embargo, la policía se los está quitando de las manos a quienes más los necesitan”.
La policía y los fiscales defendieron el uso de preservativos como prueba, y dijeron que la práctica era necesaria para aplicar las leyes contra la prostitución y que los condones son una herramienta para poder obtener condenas contra las prostitutas, sus clientes y los que participan en la trata de personas con fines sexuales.
Sin embargo, las iniciativas de aplicación de la ley no deben interferir con el derecho de todas las personas, incluidas las trabajadoras del sexo, a proteger su salud, señaló Human Rights Watch. Los gobiernos estatales o municipales deben prohibir el uso de preservativos como evidencia de prostitución. Recientemente, un proyecto de ley que proponía esta prohibición no fue aprobado por la Asamblea Legislativa del Estado de Nueva York.
La prohibición del uso de ciertos tipos de pruebas en los procedimientos penales no es inusual cuando existen distintos intereses públicos. Por ejemplo, en cada una de las ciudades que se analizan en el informe, los consumidores de drogas tienen acceso a jeringuillas limpias para reducir el contagio de VIH y hepatitis C; y las fuerzas policiales municipales y los funcionarios de salud pública colaboran para garantizar que estos programas puedan atender a los que corren más riesgo. En los 50 estados, las leyes de protección en caso de violación prohíben el uso de la historia sexual de una víctima en el juicio, incluso cuando tenga valor probatorio en ciertos casos, porque el daño que puede producir generalmente la admisión de dicha prueba es sencillamente demasiado grande.
“En los sistemas jurídicos de todo el mundo se excluyen pruebas porque se consideran que pueden ser más perjudiciales que beneficiosas”, dijo McLemore. “La eliminación del contagio del VIH es una prioridad nacional y para ello es esencial garantizar que los que corren mayor riesgo tengan acceso a preservativos”.
Human Rights Watch observó que las paradas y los registros policiales en busca de condones suelen ser en función de criterios selectivos: escogiendo a los sospechosos según su apariencia, la ropa que llevan o dónde se encuentran, en lugar de la constatación de alguna actividad ilegal.
En Nueva York, Washington, DC y Los Ángeles, muchas personas, especialmente los miembros de la comunidad transgénero, contaron a Human Rights Watch que los habían interceptado y registrado en busca de condones cuando iba de casa a la escuela, iban a comprar comida o esperaban el autobús. Las amplias leyes sobre el merodeo de estas ciudades promueven la aplicación de criterios selectivos y la discriminación, y deben reformarse o anularse, señaló Human Rights Watch.
Las trabajadoras sexuales de Nueva York, Washington, DC y Los Ángeles también describieron la conducta abusiva e ilegal de la policía. En ocasiones, la policía trató a las mujeres transgénero con insulto vulgares, burlas y falta de respeto. Las mujeres transgénero dijeron que la policía las había “desfigurado” quitándole las pelucas y otras prendas —en un caso arrojaron a una mujer transgénero al suelo y la pisotearon. En Nueva York y Los Ángeles, las mujeres denunciaron que algunos policías les habían exigido practicar sexo con ellos a cambio de retirarles los cargos.
Muy pocas de estas mujeres presentaron denuncias, tanto por miedo a nuevos abusos como por no tener fe en que la policía fuera a responder con imparcialidad e integridad. El Departamento de Justicia de Estados Unidos debe investigar el trato policial a las trabajadoras sexuales y las personas transgénero en Nueva York, Los Ángeles y Washington, DC, señaló Human Rights Watch.
En el informe también se insta a los dirigentes locales, estatales y federales a que pongan fin al uso de los condones como prueba de prostitución. El gobierno de Obama ha subrayado la necesidad de reducir el VIH entre las mujeres y las niñas, un objetivo que sigue fuera del alcance de muchas trabajadoras del sexo y mujeres transgénero.
“La Conferencia sobre el Sida es una oportunidad perfecta para que Washington, DC y otras ciudades anuncien su intención de poner fin al uso de los preservativos como prueba de prostitución”, dijo McLemore. “La criminalización de la prevención del VIH socava los derechos humanos y pone en riesgo la salud pública”.
