ANA TERUEL
Un tribunal francés anula siete órdenes de expulsión de gitanos dictadas por la policía.
El tribunal administrativo de Lille ha anulado siete órdenes de expulsión de gitanos decididas por la jefatura de policía del Norte, al considerar que la ocupación ilegal de un terreno no supone la "amenaza al orden público" esgrimida para justificar tal decisión. El dictamen supone un revés para la política de mano dura del Gobierno contra los poblados ilegales de gitanos, que se acompaña de la expulsión de aquellos que se encuentren en situación irregular. El ministro de Inmigración, Eric Besson, aseguró ayer en Bruselas que la libre circulación de los ciudadanos europeos no podía ser "incondicional".
Los gitanos que presentaron el recurso en Lille habían sido expulsados de un campamento ilegal el jueves de madrugada, según explicó ayer su abogado en la web del diario Le Monde. "Estoy convencido de que la mitad de las expulsiones forzadas son ilegales", añadió. En total, 151 de las casi 1.000 expulsiones de gitanos rumanos y búlgaros registradas desde finales de julio han sido forzadas.
De visita a Bruselas, donde se ha reunido con las comisarias europeas de Interior y de Justicia, Cecilia Malsmtröm y Viviane Reding, Besson ha explicado la política de su Gobierno con los gitanos rumanos y búlgaros, ciudadanos europeos desde 2007. "El logro europeo de la libertad de circulación es extraordinario, pero no puede ser incondicional ni tampoco pretexto para la realización de actividades ilícitas y, en particular, el tráfico de seres humanos", señaló el titular de Inmigración, que acudió acompañado por el secretario de Estado francés para Asuntos Europeos, Pierre Lellouche. "Francia no estigmatiza a nadie" ni ha llevado a cabo "ninguna expulsión colectiva", señaló Lellouche. Por su parte, Besson aseguró que se ha seguido "escrupulosamente" la ley. "La acción llevada a cabo por el Gobierno francés ha sido objeto de numerosas caricaturas y tergiversaciones inaceptables", añadió. Tras recordar que la libertad de circulación no equivale "a la regularización de todos los ciudadanos comunitarios en situación irregular", el ministro ha trasladado la voluntad de París de entrar en "una fase de diálogo constructivo con la UE".
